Durante los trabajos de la Octava Sesión Ordinaria del Segundo año de Labores, la diputada Elizabeth Morales García presentó una iniciativa para establecer en la Ley de Defensoría Pública del Estado, como requisito, que defensores públicos acrediten tener capacitación y conocimientos en materia de igualdad sustantiva con enfoque de género y Derechos Humanos.
La propuesta prevé reforzar la función de la defensoría pública mediante la respectiva acreditación obligatoria en dicha materia, garantizando una defensa justa, inclusiva y libre de discriminación.
Al hacer uso de la tribuna, la legisladora explicó que, en Veracruz, la violencia de género es un problema crítico, toda vez, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), entre los años 2020 y 2024, las carpetas de investigación por delitos como feminicidio, violencia familiar y agresiones sexuales, han aumentado un 15 por ciento.
Desafortunadamente, expresó Morales García, “la falta de formación obligatoria en igualdad sustantiva y derechos humanos, limita la capacidad de los defensores públicos para aplicar, en su desempeño, un enfoque de género, perpetuando sesgos y revictimización”.
La implementación de este precepto, dijo, no implica una carga presupuestaria significativa, ya que puede integrarse a programas existentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y del IVM con posibilidad de convenios interinstitucionales.
“Este requisito, debe considerarse un paso necesario para consolidar un sistema de justicia penal inclusivo y equitativo en Veracruz, ya que responde a la urgencia de erradicar la discriminación y garantizar una defensa técnica adecuada”, concluyó.
A la propuesta que adiciona la fracción VII al artículo 14 de la Ley de Defensoría Pública del Estado de Veracruz se adhirió el diputado Ramón Díaz Ávila. Para su estudio y dictamen se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y Para la Igualdad de Género.
