Con la finalidad de establecer el derecho a la no obligatoriedad digital y garantizar alternativas accesibles para las personas adultas mayores, la diputada Elizabeth Morales García presentó al Pleno de la LXVII Legislatura una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Veracruz.
La propuesta busca establecer el derecho de las personas adultas mayores a la no obligatoriedad digital, garantizando que este sector cuente siempre con alternativas presenciales, telefónicas o asistidas para realizar trámites y acceder a servicios, tanto en el ámbito público, como en el privado.
Al hacer uso de la tribuna, la legisladora explicó que el uso exclusivo de códigos QR, aplicaciones y sistemas automatizados vulnera los derechos de igualdad y dignidad humana. Advirtió que, aunque la digitalización busca eficiencia, ha generado una “exclusión digital obligatoria” que dificulta el acceso a la salud, trámites bancarios y servicios básicos, entre otros.
“Para una parte significativa de los adultos mayores, estas herramientas no son una facilidad, sino una barrera. La falta de dispositivos, conectividad o alfabetización digital convierte a la tecnología en un factor de exclusión estructural”, precisó Morales García.
La iniciativa incorpora a la normativa actual que este sector no puede ser obligado a utilizar medios digitales como condición para acceder a bienes, servicios, trámites o derechos, tanto en el ámbito público como en el privado, además de garantizar alternativas presenciales, telefónicas o asistidas que sean accesibles, dignas y no discriminatorias.
Asimismo, establece que las instituciones públicas y/o particulares que presten servicios al público deberán implementar mecanismos alternativos al uso de tecnologías digitales cuando la persona adulta mayor se encuentre imposibilitada para realizarlo, siendo estos accesibles, suficientes y funcionales. Además debe priorizarse el acompañamiento personalizado, brindar atención oportuna y sin dilaciones indebidas, contar con personal capacitado y ser difundidos de manera clara y visible.
Finalmente, la diputada destacó que esta reforma no requiere la creación de nuevas estructuras burocráticas, ni implica un impacto presupuestal. Se trata, dijo, de una reorientación de los servicios existentes bajo un enfoque de derechos humanos para proteger a uno de los sectores más vulnerables de la entidad.
A la propuesta -turnada para su análisis a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables- se adhirieron los Grupos Legislativos de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como la y el integrante del Partido Movimiento Ciudadano (MC) y por el Partido de Trabajo (PT), el legislador Ramón Díaz Ávila.
