El Congreso de Veracruz aprobó, con 39 votos a favor, cero en contra y siete abstenciones, ampliar el catálogo de conductas ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y los sujetos responsables y actualizar la sanción de salario mínimo a Unidad de Medida y Actualización (UMA), mediante la reforma al Artículo 230 del Código Penal del estado, a propuesta de la gobernadora Rocío Nahle García.
El dictamen respectivo, suscrito por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, fue discutido por las diversas fuerzas políticas representadas en la LXVII Legislatura y votado durante la Cuarta Sesión del Segundo Periodo Ordinario.
A partir de esta reforma, se establece una multa de mil a cinco mil veces el valor diario de la UMA a quien, por sí o por interpósita persona, realice o auxilie a otra persona en cualquiera de las siguientes conductas:
Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio estatal, de éste hacia el exterior o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
O bien, oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
Además, se entenderá que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.
Por último, cuando el agente activo sea servidor público las sanciones anteriores aumentarán hasta en una mitad y se le destituirá e inhabilitará para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por otro tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
Posicionamientos
En nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Erika del Carmen Rosario Morales dijo que esta reforma, impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García, representa un avance decisivo en la lucha frontal contra uno de los delitos que más daña la economía y la seguridad pública.
Dijo que la actualización del Código Penal hoy aprobada “responde al mandato del Consejo Nacional de Seguridad Pública, al Acuerdo Nacional para Fortalecer a las Instituciones de Seguridad Pública y al Eje Rector 4 del Plan Veracruzano de Desarrollo 2025-2030: Veracruz con Gobernanza y Seguridad. Además, alinea a nuestro estado con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con el Objetivo 16 de la Agenda 2030: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”.
Por el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), su coordinador, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez aseveró que el dinero sucio “tiene consecuencias funestas para Veracruz porque lastima la economía, suele financiar la violencia y corroe las instituciones que el Estado tiene la obligación de proteger”. Ante lo cual, esta reforma “es una respuesta legislativa a la altura del siglo XXI” y con la que “Veracruz no será el eslabón débil del sistema nacional; tampoco será el refugio normativo del dinero sucio”.
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), diputado Enrique Cambranis Torres, advirtió que “de nada servirá endurecer la Ley si las instituciones siguen siendo débiles, si las investigaciones siguen siendo deficientes y si la justicia sigue siendo selectiva”. Añadió que “una ley más severa no genera un gobierno más eficaz” y que “endurecer la Ley es lo más fácil, hacerla cumplir es el verdadero reto”.
A título personal, el diputado Héctor Yunes Landa, que pertenece al Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une (VNU), adelantó el sentido positivo de su voto y su posicionamiento, en el cual consideró que esta reforma es “además de oportuna, necesaria”. Sin embargo, señaló que para combatir el delito no basta con reformar la Ley, sino que lo que garantiza la disminución del delito es la acción efectiva del Estado y la certeza de la aplicación de la sanción.
“Hoy damos un paso para cerrar vacíos legales y armonizar nuestra legislación con el Código Penal federal y con estándares internacionales en la materia” afirmó la diputada Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), quien reconoció que esta reforma coloca a Veracruz “en sintonía con otras entidades federativas que han avanzado en la actualización de sus marcos penales y responde a compromisos nacionales e internacionales en el combate a estas prácticas” y concluyó que “fortalecer la Ley es avanzar, aplicar con responsabilidad es consolidar la justicia”.
A su vez, el legislador Adrián Sigfrido Ávila Estrada Movimiento Ciudadano (MC), consideró “indispensable contar con herramientas legales que permitan al Estado con firmeza y oportunidad”, “que estén correctamente diseñadas y no generen ambigüedades”. Se pronunció por “una reforma sólida, clara y técnicamente impecable; no una que nos deje dudas o riesgos”, leyes fuertes y justas, combate al lavado de dinero, pero sin vulnerar derechos fundamentales, cerrar el paso a la delincuencia, pero sin abrir la puerta a excesos de la autoridad.
