Con la finalidad de avanzar hacia un enfoque preventivo que permita identificar y atender las distintas conductas antes de que escalen a formas graves de violencia, la diputada Elizabeth Morales García presentó una iniciativa que incorporaría en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la figura de Violencia de Control Digital.
La integrante del Partido del Trabajo (PT), durante su intervención en la Tercera Sesión Ordinaria, subrayó que su propuesta no tiene carácter punitivo ni busca criminalizar conductas en el ámbito de la vida privada. Sino por el contrario, dijo, su objetivo es visibilizar, prevenir y atender una forma de violencia que actualmente se encuentra normalizada, garantizando el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres, en particular su privacidad, autonomía y libertad.
Expuso que la incorporación de este concepto permitirá no solo actualizar el marco normativo estatal frente a los desafíos contemporáneos, sino también enviar un mensaje claro: “la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus formas, incluyendo la digital, no es normal ni debe ser tolerada”, precisó.
De acuerdo con el contenido de la iniciativa, se incorporaría la figura de Violencia por Control Digital, entendiéndose como toda acción u omisión realizada mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación que, de manera reiterada, sistemática o mediante presión, intimidación, manipulación o coacción, y sin el consentimiento libre, informado y expreso de la mujer, tenga por objeto o resultado vigilar, controlar, limitar o afectar su autonomía, privacidad, seguridad o libertad personal.
Se establece que constituye Violencia por Control Digital, de manera enunciativa más no limitativa: solicitar, exigir o presionar para obtener la ubicación en tiempo real de manera reiterada o bajo presión; revisar dispositivos o información digital sin autorización, instalar o imponer mecanismos de monitoreo o vigilancia digital y limitar, condicionar o restringir el uso de medios de comunicación digitales.
Asimismo, solicitar, obtener o imponer el acceso a contraseñas o cuentas personales o cualquier otra conducta análoga que tenga por efecto anular, someter o restringir la autonomía, privacidad o libertad digital de la mujer.
La iniciativa, a la que se adhirió el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, fue turnada para su análisis a las Comisiones Permanentes Unidas Para la Igualdad de Género, y de Procuración de Justicia.
