Con la finalidad de regular la contratación de deuda pública, así como las reestructuraciones de la misma que realice el Gobierno del Estado de Veracruz con cualquiera de las instituciones financieras autorizadas dentro del territorio nacional, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentó al Pleno de la LXVII Legislatura una iniciativa de reforma al Código Financiero del Estado.
De acuerdo con la propuesta, se plantea establecer que el Gobierno del Estado podrá recurrir al endeudamiento directo, refinanciamiento o la reestructuración de la deuda pública, como fuente de recursos, previa autorización del Congreso y en los términos establecidos en el Código Financiero, así como en la Ley de Disciplina.
La iniciativa del GLPAN pretende incorporar en el citado Artículo que cuando se pretenda realizar un refinanciamiento o reestructura no se requerirá autorización, siempre y cuando se cumplan con las siguientes condiciones: que exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual deberá estar fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva que se realice o, tratándose de reestructuraciones, exista una mejora en las condiciones contractuales.
También cuando no se incremente el saldo insoluto y en los casos que no se amplíe el plazo de vencimiento original de los Financiamientos respectivos, no se otorgue plazo o periodo de gracia, ni se modifique el perfil de amortizaciones del principal del Financiamiento durante el periodo de la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del Financiamiento.
Dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del refinanciamiento o reestructuración, el Gobierno del Estado deberá informar al Congreso sobre la celebración de este tipo de operaciones, así como presentar la solicitud de inscripción ante el Registro Público Único.
En la Tribuna y en nombre de su bancada, la diputada Indira de Jesús Rosales San Román subrayó que la reestructuración financiera puede reducir la carga de endeudamiento, reducir sus pagos de intereses y aumentar su flujo de disponibilidad.
Agregó que esto puede mejorar la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones a corto, mediano y largo plazo, así como evitar el incumplimiento o la insolvencia, “la reestructuración financiera puede permitir superar los desafíos financieros y alcanzar objetivos estratégicos”.
El contenido de la propuesta legislativa refiere que la reestructuración también puede conllevar algunos inconvenientes, como diluir la propiedad, aumentar los costes de endeudamiento futuros, desencadenar consecuencias fiscales o afectar la calificación crediticia de la entidad, “por esta razón es necesario que este Poder Legislativo en ejercicio de las facultades constitucionales que tiene revise y, en su caso, autorice cuales son las mejores condiciones para realizar una reestructuración a la deuda pública”.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado. Se adhirieron a la propuesta las diputadas Ana Rosa Valdés Salazar y María Elena Córdova Molina y el diputado Héctor Yunes Landa.
