El diputado José Reveriano Marín Hernández presentó al Pleno la iniciativa con proyecto de decreto que adicionaría los Artículos 109 Bis a la Ley Estatal del Servicio Civil y 35 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, con la finalidad de separar el poder político de las instituciones sindicales e impedir injerencias en la vida interna de los sindicatos, sancionando toda práctica que vulnere su independencia.
Durante su intervención en la Segunda Sesión Ordinaria del Segundo Periodo, correspondiente al Segundo Año de Labores, el legislador Marín Hernández subrayó que con esta iniciativa se pretende consolidar el cambio estructural hacia una democracia sindical en donde la voz de las trabajadoras y trabajadores sea escuchada y respetada, “no hay estado de derecho sin libertad sindical, ni justicia social sin sindicatos libres”.
Asimismo, indicó que esta propuesta deviene de una iniciativa presentada el 19 de septiembre de 2024 por el senador Alfonso Cepeda Salas, cuyo fin primordial fue fortalecer la autonomía sindical. “Iniciativa que fue aprobada el 26 de noviembre de 2025, en la Cámara de Diputados, con 407 votos a favor y que fue publicada el 15 de diciembre de 2025, en el Diario Oficial de la Federación”.
El contenido de la propuesta legislativa prevé señalar en la Ley Estatal del Servicio Civil que los sindicatos deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia por parte de las personas servidoras públicas en su constitución, funcionamiento, administración y libre desarrollo de las elecciones sindicales, las condiciones de elegibilidad, la reelección y/o la destitución de las directivas de los sindicatos.
Cualquier contravención a estas disposiciones será considerada falta administrativa grave y sancionada en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Se entenderá como actos de injerencia sindical, las conductas siguientes: coaccionar, inducir o amenazar a personas trabajadoras o agremiadas para participar o abstenerse de participar en eventos de campaña sindical, o para votar por una planilla, dirigente o sindicato determinado; ejercer presión o intimidación jerárquica sobre subordinados para que expresen públicamente su apoyo o rechazo a determinada candidatura sindical, u obligar o condicionar la asistencia a actos, mítines o reuniones sindicales con fines de proselitismo.
También, condicionar la prestación de servicios institucionales, apoyos, licencias o permisos laborales a la emisión del voto o apoyo hacia una planilla sindical; ofrecer beneficios laborales, ascensos, estímulos o promociones a cambio de apoyo o voto sindical y negar, suspender o limitar derechos o programas internos, capacitaciones, bonos o reconocimientos como represalia por no apoyar determinada opción sindical.
Asimismo, utilizar programas institucionales o apoyos sociales para inducir o coaccionar el voto sindical; destinar, utilizar o permitir el uso de fondos, bienes, servicios o personal institucional para favorecer o perjudicar a determinada planilla, corriente o dirigencia sindical y difundir propaganda, mensajes o material institucional que promueva o desacredite a una candidatura o grupo sindical, entre otros.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las Comisiones Permanentes Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Gobernación. Se adhirieron a la propuesta los Grupos Legislativos de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), las y los integrantes del Partido del Trabajo (PT) y de Movimiento Ciudadano (MC), así como el diputado Héctor Yunes Landa y la diputada Ana Rosa Valdés Salazar.
