El Pleno de la LXVII Legislatura del Estado de Veracruz aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas, remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Reunidos en el Recinto Oficial de Sesiones y bajo la conducción de la presidenta de la Mesa Directiva, legisladora Naomi Edith Gómez Santos, las diputadas y los diputados de las diversas fuerzas políticas expresaron sus posicionamientos sobre esta reforma constitucional y, acto seguido, procedió la votación que dio como resultado 40 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.
De acuerdo con el contenido de la Minuta, en cualquier caso, las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del gobierno federal, así como los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, las empresas públicas y los fideicomisos públicos, de las entidades federativas y de los municipios, no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Poder Ejecutivo federal.
Quedan excluidas de lo anterior las Fuerzas Armadas, las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales, las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios y la pensión no contributiva referida en el Artículo 4° de la Carta Magna.
Refiere lo establecido en el Artículo 127 en cuanto a que ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo federal en el presupuesto correspondiente.
A partir de la vigencia de dicho decreto, todas las jubilaciones o pensiones que no estén excluidas conforme a la legislación y que se hayan otorgado con anterioridad deberán ajustarse al límite establecido en esta modificación, inclusive las que se encuentren vigentes.
Con la aprobación de la minuta respectiva, a las 15:20 horas, Veracruz se suma a las entidades como Chiapas, Tabasco, Sinaloa y Ciudad de México, que han dado su respaldo a la reforma constitucional.
Posicionamientos
Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Bertha Rosalía Ahued Malpica expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e indicó que el propósito central de esta reforma es establecer que las jubilaciones o pensiones no excedan de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo federal. “De esta manera, se eliminan las llamadas pensiones doradas que durante décadas representaron un privilegio injustificado para un reducido grupo de exservidores públicos de alto nivel”.
Agregó que esta reforma terminará con los privilegios y detalló que más de 14 mil extrabajadoras y extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro reciben, entre todos, hasta 140 veces el ingreso promedio de una familia mexicana, lo que representa la cantidad de 28 mil 74 millones de pesos (mdp) y que en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 54 mil jubilados generan una erogación por 41 mil mdp.
El diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, aseveró que en el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) “consideramos que esta reforma es un acto de justicia social y congruencia republicana”. Aseguró que el ahorro que generará esta medida permitirá que los recursos se reorienten a salud, educación y protección del entorno natural y señaló que “el servicio público es una vocación, no un camino para el enriquecimiento vitalicio a costa del pueblo”.
La diputada Montserrat Ortega Ruiz, del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une (VNU), manifestó estar a favor de acabar con las pensiones “abusivas”, pero criticó que haya excepciones para la aplicación de la ley. Dijo que los ahorros por el concepto de las jubilaciones deben ir a la construcción de infraestructura carretera y hospitalaria y no únicamente a programas sociales.
Del Partido del Trabajo (PT) y al adelantar su voto a favor, la legisladora Elizabeth Morales García indicó que con esta reforma se establece un principio claro, que en el servicio público las pensiones se mantengan dentro de un límite alineado a la máxima responsabilidad del Estado mexicano. Añadió que hoy se fija un mismo criterio para todos los órdenes de gobierno: federación, estados, municipios, organismos y entidades públicas.
Al hablar de su respaldo a la minuta, la diputada María Elena Córdova Molina, del partido Movimiento Ciudadano (MC), dijo que se trata de “que las pensiones recuperen su sentido: ser un respaldo digno al final de la vida laboral, no un privilegio”. Afirmó su voto “a favor de eliminar excesos, pero sin vulnerar derechos humanos”.
En el debate en lo general participaron la diputada Montserrat Ortega Ruiz (VNU) y los diputados Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC) y Luis Vicente Aguilar Castillo (Morena).
