Durante la Decimaséptima sesión ordinaria, diputadas y diputados de la LXVII Legislatura aprobaron, con 45 votos, sin abstenciones o votos en contra, la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, la cual prevé que los ingresos presupuestarios del sector público estatal asciendan a 177 mil 408 millones 439 mil 386 pesos, en concordancia con los principios constitucionales y legales vigentes.
De acuerdo con el dictamen, presentado por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, la referida Ley se basa en los criterios de progresividad fiscal, suficiencia recaudatoria y equidad social, así como en la ruta trazada en el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2025-2030, enfocados a lograr finanzas públicas sanas, estables y ordenadas, privilegiando la eficiencia recaudatoria y mejor administración tributaria.
La propuesta plantea que las proyecciones que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimó para 2026, sugieren un escenario de crecimiento moderado, una inflación gradualmente convergente y una Tasa de Interés de Referencia, datos que impactan, la transferencia de recursos federales que corresponden a Veracruz, por lo que la Ley de Ingresos estatal prevé una política fiscal realista y eficiente que alinea las metas de recaudación con la disciplina fiscal y las expectativas macroeconómicas.
En la Ley de ingresos programados para 2026, refiere el dictamen, se destaca el compromiso con la equidad, sostenibilidad y eficiencia en la recaudación, anteponiendo finanzas públicas equilibradas y sanas; ejercicio responsable del gasto público, atención prioritaria a todos, ejercicio presupuestal con reducción de deuda pública estatal e incremento sostenido de fuentes de ingresos de libre disposición.
Asimismo, derivado de un análisis conjunto del Gobierno Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y la instancia dictaminadora, refiere el dictamen, no se consideró la creación de nuevos impuestos; “reafirmando el compromiso del Ejecutivo de una política fiscal responsable y prudente, orientada a salvaguardar el ingreso familiar y a sostener el dinamismo económico del Estado”.
Determina que los ingresos percibidos serán recaudados por la Sefiplan, por medio de la Oficina Virtual de Hacienda y la red de Cajeros Automático, y cuando lo autorice el Ejecutivo, por conducto de las Oficinas de Hacienda, las Cobradurías y los Organismos Descentralizados del Estado.
Cuando se otorgue prórroga o se autorice el pago en parcialidades de los créditos fiscales se aplicará opciones y tasa de recargos sobre los saldos y parcialidades acordadas: hasta 12 meses, la tasa de recargos 1.0 por ciento mensual; más de 12 meses hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1.5 por ciento mensual, y en más de 24 meses hasta de 48, así como de pagos a plazo diferido, la tasa de recargos a considerar será de 2.0 por ciento mensual.
La Sefiplan podrá autorizar el pago en parcialidades de los adeudos por contribuciones y sus accesorios causados en ejercicios fiscales anteriores, cuyo importe mínimo sea equivalente a 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA) en la fecha de la solicitud que presente el contribuyente ante la autoridad fiscal.
En el mismo sentido, se autorizó que dicha dependencia tenga la facultad de administrar y recaudar el Impuesto Predial de los Municipios que lo soliciten, previa celebración del Convenio de Colaboración Administrativa avalado por el Congreso del Estado.
Posicionamientos
Al hacer uso de la tribuna, la diputada Dulce María Hernández Tepole, secretaria de la Comisión de Hacienda del Estado, expuso que el voto del Grupo Legislativo de Morena, sería a favor, toda vez que el paquete económico 2026 fue planteado bajo una política de ingresos realista, prudente y técnicamente sustentada, manteniendo el equilibrio entre ingreso y gasto, tal como lo establece la Ley de Disciplina Financiera. “La propuesta pone a las personas al centro, asegura que cada peso público tenga impacto social verificable, sin comprometer la estabilidad financiera del Estado”.
La diputada Elizabeth Morales García, del Partido de Trabajo (PT), destacó que la Ley no solo es un trámite contable, sino una definición política y económica trascendente, pues determina cómo se financiará el Estado, a quién se le cobra, bajo qué criterios y lógica de justicia fiscal. “No se trata de cómo se recauda, sino de cómo se construye esa recaudación, qué tan realista es y cómo es el impacto que tiene en las familias”, refirió.
